28) Defensa Nacional

28.1- Depurar las FF.AA, de quienes hayan participado de los crímenes de lesa humanidad de la Dictadura.

28.2- Reestructuración de las FFAA. Impulsar la Reforma de la Ley Orgánica Militar, decretada por la Dictadura en el año 1974, y que fuera utilizada como sustento del Terrorismo de Estado. Esta reforma debe incluir una reducción importante de la cantidad de los altos oficiales y de efectivos en general, los que fueron incrementados desmedidamente para sustentar dicha Dictadura.

28.3- Eliminación de las formulaciones de la Doctrina de la  Seguridad Nacional de sus planes de estudio y formación de oficiales.

28.4- Eliminar los acuerdos con EEUU para asistencia y formación militar por parte del imperialismo, así como la participación de Uruguay en las operaciones UNITAS u otras de similar tenor. Dejar sin efecto la instalación de la base militar encubierta de Santa Catalina.

28.5- Desmantelar el aparato represivo interno de las FFAA, fortificando una auténtica Defensa Nacional, con sentido antiimperialista y participación popular.

28.6- Los servicios que pasaron a la órbita militar en la pasada Dictadura, tal el caso del Servicio de Controladores Aéreos (entre otros) que deben pasar a la órbita civil.

28.7- Poner fin a la intervención de tropas uruguayas en las mal llamadas “misiones de paz” de la ONU.

29) Seguridad Pública

29.1- La  Seguridad Pública, será ejercida por el Ministerio del Interior.

29.2- La función de la policía no tendrá carácter represivo hacia el pueblo, se recuperará el carácter preventivo del Instituto Policial, y la función de guardia civil.

29.3-Se exigirá para sus efectivos tercer año de Liceo completos. Los mandos superiores deberán contar con nivel de Enseñanza Terciaria.

29.4-Se asegurará un salario mínimo de media canasta básica para los funcionarios.

29.5-Se eliminarán los servicios 222 y similares.

29.6-Se integrará la Caja de Jubilaciones y Pensiones Policiales al sistema Público y Estatal (BPS).

29.7-Rechazo a la utilización del programa informático "El guardián" y cualquiera similar, por parte del Ministerio del Interior que no dudamos serán utilizados para tareas de control social.

29.8-Apoyos a las personas liberadas de prisión. Procurar su inclusión social luchando contra el problema de la reincidencia.

29.9- La UNIDAD POPULAR promoverá todas aquellas normas en Apoyo y Asistencia al Liberado que constituya un mojón fundamental para la inclusión social de aquellos hombres y mujeres que tuvieron parte de sus vidas en prisión. Nuestro país se encuentra entre los primeros en el mundo en cuanto a personas privadas de libertad en relación a sus habitantes. Para ello, se constituirá un Instituto de Asistencia al Liberado que oficiará como vehículo en diversos apoyos en materia de vivienda, trabajo y estudios para las personas que culminan sus sanciones penales. Buscamos fortalecer así aquellas herramientas sociales para su inclusión.

29.10- Reformas legales y medidas sustitutivas de la prisión:

29.11-Ninguna mujer penalizada con niños menores a 5 años podrá ser derivada en ámbitos de encierro penitenciario. Es de conocimiento científico los daños que  producen en los primeros años de vida de bebés y niños las duras condiciones de vida en prisiones, sometidos a las mismas condiciones de encierro y un clima social que no contribuye a su desarrollo. Las alternativas como la prisión domiciliaria, o medidas reparatorias serán las que primen es estos casos, asimismo, la inclusión en Programas sociales de asistencia a la crianza de niños pequeños.

· Adecuar centros penitenciarios a las características y necesidades de las mujeres, así como atención inmediata ginecológica y de salud reproductiva.

· Penas alternativas a la privación de libertad para las mujeres por el narcomenudeo, acompañadas de medidas socio educativas.

· Reducir penas y/o liberar a las presas privadas de libertad por aumento de penas en la LUC.

29.12- Promover la redención de años de pena por estudio y trabajo con mayor énfasis en todos aquellos delitos que fueran cometidos contra la propiedad (sin medios de violencia directa hacia personas). Comprender las formas de inclusión en Programas de Medidas Alternativas a la prisión como central en estas situaciones, así como facilitar al máximo las posibilidades de redención de penas por inclusión en programas culturales, artísticos, deportivos y de educación no formal.

29.13- Perseguir con dureza los crímenes de corrupción y daño a los bienes del pueblo. Buscamos combatir en la función pública las formas de aprovechamiento y diversas formas de robo a las arcas del pueblo. Luchamos con firmeza contra aquellos políticos corruptos, por lo que iremos a profundizar en denunciar y librar más batallas contra estas prácticas.

29.14- Combatir toda forma de trata y “tráfico” de personas. Una situación que sufre y atraviesa América Latina entera, constituyendo un crimen mayormente dirigido hacia mujeres y adolescentes. Se requiere reforzar controles de frontera, vigilar recursos financieros poderosos y la corrupción en muchos niveles que hoy pasan desapercibidos.

29.15- Luchar contra el gran narcotráfico y el “lavado de activos”: mediante la eliminación del secreto bancario, se pretende poner las miras sobre uno de los negocios más grandes de las clases dominantes que consiste en el Narcotráfico y sus operaciones de corrupción. Desde allí lograr el bloqueo a estas “bocas” de drogas que destruyen los barrios humildes, garantizando un futuro para el pueblo con trabajo y dignidad.

· Dar la lucha a nivel político, económico, social y punitivo sobre la base de aislar y golpear el núcleo duro del narcotráfico para disputar y ganar a las personas vulneradas empujadas hacia el crimen organizado.

· Eliminación  del secreto bancario.

· Control de la financiación de los partidos políticos.

· Depuración de la corrupción policial y política.

· Presupuesto y mejores medios para la represión del núcleo duro del crimen organizado. No se permitirán los allanamientos nocturnos.

· Penas alternativas  a la privación de libertad en casos de bocas de droga acompañado de programas socio educativos.

· Recuperación del territorio tomado por el narcotráfico, re urbanización e industrialización barrial.

29.16- Justicia en Adolescentes: Derogar las leyes n° 18.977, 18.978 y 19.055 que agravaron las penas de prisión de adolescentes, haciendo que primen conceptos de mayor encierro por sobre lo socio-educativo. Crear un organismo similar al Comisionado Parlamentario Penitenciario para abordar la situación de privación de libertad en adolescentes y generar recomendaciones para ello. Generar un marco jurídico garantista tanto para los adolescentes, las familias y trabajadores del sistema INISA que tienda hacia la profesionalización de las tareas educativas y de seguridad, diferenciando unas de otras. Serán nuestro eje la inclusión social del joven, con el menor tiempo de encierro, mayor atención en salud mental y acompañamiento socio-educativo.

29.17- Facilitar al máximo la presencia de las familias en la vinculación con las personas privadas de libertad. Habilitar medios de locomoción, exoneraciones en pasajes y formas de comunicación que promuevan la actividad de relacionamiento entre familias y personas que habitan las prisiones del país. Para ello se evitarán las formas de aislamiento en sitios lejanos donde reside la familia de las personas recluidas.

29.18- En materia de política de seguridad policial. Declaración del trabajo en seguridad como de alto riesgo de especialización. Garantizar la asistencia en materia psico-laboral y emocional ante los avatares profesionales.

29.19-Garantizar las formas de agremiación en la Policía Nacional, así como el derecho a huelga.

29.20- Desmilitarización del servicio policial. Eliminación del PADO y los operativos humillantes en los barrios populares. Desvinculación de la Policía Caminera de la Guardia Republicana, volviendo a ser parte de un servicio nacional de protección en los caminos y rutas.

29.21- Cierre de la Unidad n° 8 “Domingo Arena” del INR: Los criminales contra los Derechos Humanos durante la última Dictadura Militar Fascista, deberán transcurrir sus penas en unidades del INR ubicadas en la zona metropolitana de Montevideo y no gozarán de ninguna clase de privilegios.

29.22- Rechazo absoluto al plebiscito de allanamientos nocturnos impulsado por el oficialismo.